Por: Abogado Marco Piero Navarro Lengua – FIRMA LEGAL JUSTICIA PER SÉ

La Terminación Anticipada es un proceso especial contemplado en el Código Procesal Penal (CPP) peruano (Decreto Legislativo N° 957), que busca simplificar y agilizar la resolución de casos penales mediante un acuerdo entre el Fiscal y el imputado, con la debida aprobación judicial. Sin embargo, este mecanismo presenta desafíos, especialmente en casos donde existe pluralidad de imputados por un mismo hecho.

El expediente judicial analizado (Expediente N° 073-2010-44-1001-JR-PE-03) de la Corte Superior de Justicia de Cusco ilustra un escenario donde el Juez de la Investigación Preparatoria desaprueba un acuerdo de terminación anticipada parcial, en un caso de Robo Agravado que involucra a varios coimputados.

La Acumulación Subjetiva y el Requisito del Acuerdo Total

El caso bajo estudio se clasifica como una acumulación subjetiva (pluralidad de imputados), donde varias personas aparecen como autores o partícipes del mismo hecho punible, que es la figura delictiva de Robo Agravado que se imputó a Dante Virgilio Chávez Baños, Oscar Jesús Lázaro Muñoz, Marco Antonio Rojas Hernández y Luis Alberto Escudero Salinas, por hechos delictivos del 14 de enero de 2010. Según el CPP, específicamente en casos de acumulación de imputados, la regla general es que se requiere el acuerdo de todos los imputados y por todos los cargos que se les incrimine (Artículo 469° del CPP). Esta exigencia subraya la importancia de la unidad e indivisibilidad del proceso cuando un mismo hecho afecta a múltiples personas.

Desaprobación del Acuerdo Parcial: Vicio de Legalidad y Tutela de Derechos

El núcleo de la desaprobación judicial en este caso radica en la incompatibilidad de un acuerdo parcial con los principios de seguridad jurídica y la garantía de derechos fundamentales, específicamente la presunción de inocencia. El Juez argumenta que aprobar un acuerdo parcial, en el que solo algunos imputados aceptan los hechos y la pena, mientras que otro (Luis Alberto Escudero Salinas, quien no participó en la terminación anticipada) continúa el proceso ordinario, genera una situación perjudicial: un mismo hecho se consideraría cierto y probado por la vía de la terminación anticipada, y ese mismo hecho se consideraría incierto o improbado por el resultado del juicio oral del imputado que no acordó. Esta dualidad atenta contra la presunción de inocencia del imputado no participante.

Vulneración al Principio de Cosa Juzgada

Además, se vulneraría el principio de cosa juzgada, pues el hecho que sirve de base para la condena de los sentenciados que aceptaron la terminación anticipada se consideraría discutible para el imputado que no participó, fracturando la coherencia y firmeza de la decisión judicial sobre el evento criminal.

Excepciones y Requisitos para el Acuerdo Parcial

El propio Artículo 469° del CPP establece una excepción a la regla del acuerdo total: el juez podrá aprobar acuerdos parciales si la falta de acuerdo se refiere a delitos conexos y en relación con otros imputados, salvo que ello perjudique la investigación o si la acumulación resulta indispensable. En el caso del Robo Agravado, al tratarse de un mismo hecho con pluralidad de participantes, la excepción no aplica.

El Control de Legalidad del Acuerdo y la Falta de Fundamentación

El Juez, en su rol de control judicial dentro del proceso de terminación anticipada, no se limitó a evaluar la procedencia del acuerdo parcial frente a la pluralidad de imputados, sino que ejerció un riguroso examen de legalidad y justicia sobre los términos convenidos por las partes, lo cual finalmente confirmó la necesidad de desaprobar la solicitud. Este control tiene por objeto garantizar que el acuerdo sea justo y se ajuste a la ley, verificando su adecuación típica con los hechos y la correlación de la pena.

En el análisis de fondo, el juzgador identificó dos vicios sustanciales que comprometían la validez del pacto. En primer lugar, se constató la falta de acreditación de la reparación civil, un elemento esencial del acuerdo. Aunque el Ministerio Público y los imputados habían consensuado la suma de S/1,500.00 a favor de los agraviados de forma solidaria e inmediata, dicho monto no fue acreditado mediante depósito judicial al momento de expedirse la resolución, evidenciando el incumplimiento de una obligación medular y afectando los intereses legítimos de la víctima.

En segundo lugar, se configuró una vulneración al principio de proporcionalidad de la pena

debido a una profunda falta de fundamentación. Si bien inicialmente el Fiscal propuso una pena de nueve años y cuatro meses, la misma fue reformulada en la segunda audiencia a ocho años de pena privativa de libertad efectiva sin ofrecer ninguna sustentación o motivación para el cambio. Esta omisión esencial en la individualización de la pena concreta, al no considerar las circunstancias modificativas de la responsabilidad de cada imputado, lesionó la finalidad de la pena y se consideró que afectaba indebidamente los derechos e intereses de la víctima. Estos defectos, sumados a la incompatibilidad del acuerdo parcial con el principio de presunción de inocencia, sirvieron como base legal para desaprobar la terminación anticipada y ordenar la continuación del proceso según su estado.

Conclusión

El caso analizado en el Expediente N° 073-2010-44-1001-JR-PE-03 constituye un claro precedente sobre la rigurosa aplicación del principio de unidad procesal en los mecanismos de Terminación Anticipada, especialmente ante la existencia de pluralidad de imputados por un mismo suceso. La decisión de desaprobar el acuerdo parcial no fue meramente formal, sino que se erigió como un acto de tutela de garantías constitucionales. Al existir un solo hecho delictivo (Robo Agravado), la aprobación de la culpabilidad de algunos coimputados mientras se mantiene la discusión probatoria para otro, habría generado una grave incoherencia en el sistema de justicia, haciendo que un mismo hecho se considere probado para unos e incierto para el que no pactó. Esta fractura atentaría directamente contra la presunción de inocencia del imputado no participante y vulneraría la seguridad jurídica inherente al principio de cosa juzgada. La posibilidad de aprobar acuerdos parciales se reserva estrictamente para casos de concurso real de delitos o delitos conexos que sean independientes, situaciones que no comprometan ni perjudiquen la investigación o los derechos fundamentales de los demás involucrados. En suma, el Juez de la Investigación Preparatoria actuó como un filtro esencial de legalidad y justicia, garantizando que el proceso de simplificación penal no se realice a costa de los derechos esenciales ni de la lógica interna del juzgamiento de los hechos.

FIRMA LEGAL JUSTICIA PER SÉ

Elaborado por el Abogado Marco Piero Navarro Lengua – CAL 100730.

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